La acusación de los fiscales, amplificada por los grandes medios de comunicación opositores, ha sido presentada como si ya fuera la condena, lo que resulta suprimir el derecho a defenderse.
El pedido de condena por parte del fiscal Diego Luciani contra la Vicepresidenta de la Nación a través de un gran show mediático, sin pruebas y cuando aún no se ha desplegado la defensa, ha producido una reacción generalizada tanto a nivel nacional como internacional.
El Grupo de Puebla, espacio que congrega a referentes políticos/as y académicos/as de América Latina y el Caribe, denunció la persecución mediática y judicial en contra de la Vicepresidenta de Argentina y señaló que “a través de fiscales y jueces la derecha busca proscribirla sin permitirle defenderse”.
A nivel local se multiplicaron las expresiones de solidaridad de organizaciones políticas, sindicales, culturales, científicas y de derechos humanos, entre otras. Pero esta aceleración del juicio a la Vicepresidenta tiene una historia. Por el mes de junio se puso en marcha en la Argentina un golpe de mercado que tenía un objetivo desestabilizante. Se llegó a plantear la renuncia del Presidente y la convocatoria a una Asamblea Legislativa, se intentó imponer una devaluación, se hablaba de un dólar ilegal a 500 pesos, entre otras calamidades.
En ese marco, la posterior aceleración del juicio contra la Vicepresidenta puede ser pensada como un nuevo capítulo de ese proceso desestabilizador. El objetivo sería que Cristina llegue al proceso electoral condenada aunque queden otras instancias abiertas y no haya ninguna decisión jurídica definitiva. Lo que buscarían es el impacto político de esa condena.
Toda esta compleja situación derivó en la fuerte reacción que se expresa en una gran diversidad de reuniones, movilizaciones y actos de los distintos sectores que integramos el Frente de Todos.
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