A pesar del cambio de gobierno en Argentina, el Estado sigue defendiendo la posición del kirchnerismo en la causa por la expropiación de YPF y se enfoca en reducir el pago a Burford Capital, titular de los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park.
El cambio de gobierno en Argentina hacia una gestión más amigable con los mercados y los acreedores, con el cumplimiento del pago de la deuda como factor de confianza, no ha significado una modificación en la posición del Estado en la causa por la expropiación del 51% de las acciones que Repsol y el Grupo Petersen tenían en YPF en abril de 2012.
Por el contrario, la Procuración del Tesoro sostiene la postura que venía teniendo el kirchnerismo: la nacionalización de la petrolera fue un acto soberano sobre el cual la Justicia de otro país, como la de Estados Unidos, no puede entrometerse. \Como la jueza de Nueva York Loretta Preska condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses al fondo Burford Capital, titular de los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, después de su quiebra administrada en la justicia de España, el Estado viene dilatando una serie de pasos que podrían contribuir a hacer manejable la sentencia. \Según fuentes del mercado que conocen el caso, lo que Argentina puede aspirar con la apelación es de mínima a 'reducir el monto de la sentencia' y de máxima quedar eximido de la responsabilidad, mientras que Burford Capital busca de máxima que le den las acciones de YPF que hoy controla el Estado (un 51% que equivale a poco más de US$ 10.000 millones a su actual cotización). 'En el derecho de Estados Unidos un fallo es ejecutable ya desde su sentencia en primera instancia, a diferencia de la Argentina donde se necesita que quede firme. Por eso la sentencia de Preska es ejecutable pese a la apelación y la jueza quiere que se cumpla. Ella dejó afuera del caso a YPF pero como el Estado apeló el fallo pidió las acciones de la empresa como garantía', explican. 'Otra instancia es el argumento del alter ego que los demandantes ya habían intentado antes meterlo en el juicio. Quieren probar que 'los otros yo' del Estado nacional son YPF, el Banco Nación, el Banco Central, Enarsa y Arsat. Y la jueza pide información sobre eso sin que el Estado la entregue. Preska se cansó de las dilaciones del Gobierno', entienden. Y amplían: 'A ningún juez le gusta que sus sentencias no se cumplan y no dar información saca de quicio a cualquiera. Si no se hace nada los participantes creen que Argentina no cumplirá nada. El Gobierno debería concentrarse en los argumentos para la apelación y lograr que baje el monto de la sentencia a algo razonable sin que YPF vuelva a estar adentro del juicio'. Para quienes estuvieron implicados en el caso, los representantes del Estado deberían mostrar buena fe pero 'se están manejando mal como un incumplidor serial'. En ese sentido ven que la Justicia norteamericana puede mirar de reojo el regreso de Donald Trump a la presidencia y su buena relación con Javier Milei, lo que sería una oportunidad inmejorable para que Argentina consiga sus objetivos en este caso. 'Está todo servido para que baje el monto de la sentencia', se ilusionan
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