¿Por qué murieron más de 1.000 personas en EEUU después de que la policía las sometiera?
En esta imagen de video proporcionada por un amigo de la familia, la policía y personal médico de emergencias sujetan a Taylor Ware en un sitio para descansar a un costado de una carretera, el 25 de agosto de 2019, en Dale, Indiana. Carl Grant, un veterano de Vietnam con demencia, salió de una habitación de hospital para cargar un teléfono celular que imaginaba tener.
Diariamente, la policía se apoya en tácticas comunes que —a diferencia de las armas de fuego— están destinadas a detener a las personas sin matarlas, tales como las maniobras corporales para restringir, las armas aturdidoras y los golpes al cuerpo. Pero cuando se utilizan mal, estas tácticas pueden derivar en la muerte, como sucedió con el afroestadounidense George Floyd en 2020, lo que provocó una evaluación a nivel nacional sobre la actuación policial.
“Nos robaron”, dijo Kathy Jenkins, hermana de Carl Grant, cuya ira no ha disminuido en cuatro años. “Es como si alguien entrara en tu casa y simplemente tomara algo; es una violación hacia ti”. Desde hace años, el gobierno federal ha pasado apuros para contar las muertes después del uso de lo que la policía llama “fuerza menos letal”, y la poca información que recopila a menudo se mantiene oculta del público y está muy incompleta en el mejor de los casos. No más de un tercio de los casos identificados por la AP están vinculados con la policía en los datos federales de mortalidad.
En cientos de casos, los agentes policiales repitieron errores que los expertos y los entrenadores han tratado de eliminar durante años, tal vez ninguno más predominante que la forma en que mantuvieron a alguien tendido con la cara hacia el suelo en lo que se conoce como sujeción boca abajo. Una de las últimas esperanzas de que haya rendición de cuentas desde dentro del sistema —lo que se conoce como “opiniones de muerte”— a menudo también exoneraron a los policías.
“La única manera de reducirlo a cero es deshacerse de la vigilancia policial”, dijo Moskos, “y eso tampoco va a salvar vidas”. En ambas ocasiones, los residentes llamaron al teléfono de emergencias 911. Y las dos veces, los agentes policiales que respondieron optaron por usar la fuerza. Después de que Grant despertara de una cirugía de emergencia, pensó que su parálisis era una lesión de combate de la Guerra de Vietnam. “Lamento tanto que esto haya sucedido”, le dijo a su familia, recordó su hermana. Murió casi seis meses después a causa de la lesión.
Todos menos el 3% de los muertos eran hombres. La edad de la mayoría oscilaba entre 30 y 49 años, un rango en el que la policía podría considerar que representan más riesgo de amenaza física. El más joven tenía apenas 15 años, y el mayor 95. Ivy era un residente de Albany, Nueva York, de 39 años, quien se destacó en el baloncesto durante la escuela secundaria, sirvió en la Armada de Estados Unidos y se graduó en la universidad con un título en administración de empresas. En una gélida noche de 2015, fue a un cajero automático para comprobar si había recibido ya un depósito por incapacidad retrasado.
La rama local de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York siguió cuestionando la detención, y dijo que había “razones fuertes para sospechar” que Ivy fue objeto de discriminación racial. Tras años en los tribunales, la ciudad pagó 625.000 dólares para llegar a un acuerdo con los herederos de Ivy.
En 2019, la madre de Taylor Ware —el ex infante de Marina con planes de ir a la universidad— llamó al 911 cuando él no quiso regresar a su camioneta durante un episodio maníaco causado por su trastorno bipolar. Dijo al despachador que Ware necesitaría margen de maniobra e instó a la policía a aguardar refuerzos porque él era exluchador y podría ser difícil de manejar, un consejo que seguía las mejores prácticas, pero que no fue implementado.
Un comunicado de prensa de la policía dijo que Ware tuvo un “evento médico”, una explicación que hace eco de la manera en que la policía describió por primera vez la muerte de George Floyd. El fiscal de Indiana declinó presentar cargos y elogió a los agentes por su “increíble paciencia y moderación”.
Dos expertos que revisaron el caso para la AP dijeron que las acciones policiales —tales como la orden al perro de atacar, el uso de un arma de electrochoques en el esternón y la sujeción boca abajo con esposas y presión en la espalda— contribuyeron a la muerte de Ware. A veces no resultó claro qué llevó al uso de la fuerza. En más de 100 casos, la policía ocultó detalles clave o los testigos contradijeron el relato del policía, y no existían videos de las cámaras corporales para aportar claridad. Pero en aproximadamente el 45% de los casos, los agentes policiales utilizaron la fuerza física tras decir que alguien intentó evadirlos o resistirse al arresto por circunstancias no violentas.
“Si estás hablando, estás respirando hermano”, dijo un policía —repitiendo un mito común sobre la sujeción boca abajo— a un hombre de Florida que había recibido 12 descargas con armas de electrochoque. De 1,65 metros de estatura y 66 kilogramos de peso, Nunis rápidamente fue inmovilizado por varios oficiales, cada uno de los cuales pesaba al menos 36 kilogramos más que él. Aunque su cuerpo quedó quieto, mantuvieron la presión, lo envolvieron en un dispositivo de sujeción de cuerpo completo y le pusieron una mascarilla especial para evitar que escupiera o mordiera.
El oficial declaró bajo juramento que no había leído ninguna advertencia, incluidas las de Axon Enterprise Inc. —el fabricante de las armas Taser— sobre los riesgos de aplicar descargas eléctricas a los ancianos o a personas que podrían resultar heridas si se cayeran. Testificó que Downen estaba “armado con rocas”, pero un testigo dijo a la policía que Downen nunca levantó las manos para arrojarlas.
En lugar de disparar sus pistolas esa noche de 2018, dos de los agentes policiales usaron sus armas de electrochoques y lograron esposar a Stelzer, de 25 años, mientras se retorcía en el suelo. Stelzer dejó de respirar y los policías no pudieron reanimarlo. El fiscal local determinó que habían manejado la situación de manera adecuada y que se habría justificado dispararle a Stelzer porque presentaba una amenaza letal.
Los datos de mortalidad que llevan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también tienen lagunas. La AP descubrió que cuando un certificado de defunción no incluye palabras como “policía” y “fuerzas del orden”, el software de lectura de los CDC no clasifica la muerte como una en la que estuvo involucrada una “intervención legal”.
“Este es un secreto muy antiguo, no muy secreto, sobre el problema aquí: sabemos muy poco”, dijo Christy Lopez, profesora de derecho de la Universidad de Georgetown, quien hasta 2017 dirigió la oficina del Departamento de Justicia que investiga a las agencias policiales por uso excesivo de la fuerza.
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