La mayoría de las mujeres ocupa cargos subalternos en el sistema judicial argentino, otra brecha que es necesario cerrar.
El documento argentino más importante que se conoció en el marco del Día Internacional de la Mujer fue emitido por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que describe con plena claridad la brecha de género que impera en el Poder Judicial de nuestro país.
Más de la mitad de los cargos del sistema judicial están ocupados por mujeres, sostiene el informe. Pero apenas el 31 por ciento de ellas son ministras, procuradoras generales o defensoras generales, que son las máximas autoridades del organigrama. En otras palabras, cuanta más responsabilidad implica el puesto, menos mujeres acceden a ellos. La progresión es clara. En la base del Poder Judicial, hay un 57 por ciento de mujeres. En los cargos intermedios, que incluyen a jueces y fiscales, procuradurías y defensorías, la presencia femenina se reduce al 45 por ciento. En los puestos jerárquicos, como ministras o como jefas de procuradurías y defensorías, no llegan a ser un tercio. Sin ir más lejos, en la Corte Suprema, que en su historia ha tenido una cantidad variable de miembros, no hubo una mujer hasta mediados de 2004, cuando asumió Elena Highton. Poco después se sumó Carmen Argibay. En la actualidad, no hay ninguna ministra: Argibay falleció y Highton renunció. Como hay una vacante en la Corte, en el mejor de los casos podría haber una mujer junto a cuatro varones. Proporcionalmente, el 20 por ciento de nuestro máximo tribunal. Cuando el análisis discrimina a la Justicia por sus distintas esferas, la diferencia de géneros es más notoria. Por ejemplo, en la Justicia Federal apenas hay un 25 por ciento de mujeres camaristas. Y si la segmentación tiene en cuenta los fueros, se registra una fuerte concentración de varones en los ámbitos penal, penal económico y electoral. La presencia de mujeres aumenta en seguridad social, trabajo y derecho civil. Como decimos siempre acerca de la disparidad de género, estas diferencias son producto de una perspectiva cultural que debemos revertir. No hay diferencias naturales que justifiquen estas desproporciones. Hay prejuicios. Por supuesto, en el Poder Judicial, como en tantos otros organismos, sean públicos o privados, lo que necesitamos son personas competentes, sin importar su género. Pero si en la base de ese organismo la mayoría del personal son mujeres, y en un nivel intermedio hay una cantidad importante de mujeres, quiere decir que ellas están capacitadas para hacer carrera y aspirar a los cargos superiores. De lo que cabe inferir que si sólo una significativa minoría llega a esos puestos cuando se produce una vacante, es porque se está privilegiando a los varones. Entonces, no importa tanto su competencia como su género. Así actuaban los partidos políticos hasta que una ley los obligó a reservar una cierta cantidad mínima de candidaturas legislativas para las mujeres. ¿Será necesaria una ley similar para el Poder Judicial? Sería un símbolo de cuánto cuesta llegar al fondo de la cuestión de la paridad.Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar
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