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Diputados opositores presentaron una cautelar para suspender el artículo 154 del DNU 70/2023 y evitar compras de tierras rurales por extranjeros tras el fallo de la Corte Suprema.
Las bancadas de la oposición en la Cámara de Diputados buscan alternativas ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la Ley de Tierras Rurales, que había sido derogada por Javier Milei con el dictado del DNU 70/2023. Este viernes se presentó una medida cautelar impulsada por los diputados Miguel Pichetto y Nicolás Massot.
El objetivo es suspender la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta que el Congreso se pronuncie. Pichetto, jefe de la bancada de Encuentro Federal, explicó que buscan evitar que se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros mientras el Congreso debate. Tras el fallo de la Corte, según advirtió, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
Origen del conflicto por tierras rurales
El origen de la disputa es una causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. En marzo de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, con las firmas de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, reconoció la legitimación del CECIM para presentar la demanda, admitió el amparo colectivo y declaró inconstitucional la disposición del DNU 70/2023 que derogó la Ley 26.737, la Ley de Tierras Rurales. Así, la ley siguió vigente.
El pasado 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó esa sentencia y rechazó la demanda del CECIM por falta de legitimación, es decir, consideró que la organización no estaba habilitada para presentarla. El máximo tribunal aclaró expresamente que no se pronunció sobre la validez constitucional del artículo 154 ni sobre la intervención que le corresponde al Congreso.
En su presentación, los legisladores sostienen que, como consecuencia de esa decisión, la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir plenamente sus efectos y actualmente no rigen los límites que la norma establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros: ni por porcentaje nacional, provincial o departamental, ni por nacionalidad o superficie. Tampoco rige la prohibición de adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
El escrito señala también que la tierra rural y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, y que el régimen para su disposición debe establecerlo el Congreso de la Nación. La presentación quedó a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Capital Federal, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira.
Estrategia parlamentaria y sesión especial
El amparo presentado corre en paralelo a la estrategia parlamentaria de la oposición. Ya está pedida una sesión especial para el 15 de octubre para derogar el DNU 70/2023, con las firmas de Germán Martínez (UxP), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Jorge Fernández (Primero San Luis), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Mónica Frade (Coalición Cívica), en representación de los bloques convocantes. A ellos se sumarán los diputados de esas bancadas y otros legisladores, como Marcela Pagano, de Coherencia.
El desafío central será llegar a los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. Según los cálculos preliminares de los convocantes, los bloques que respaldan el pedido reúnen alrededor de 122 diputados, por lo que todavía necesitan sumar adhesiones. Una de las principales incógnitas es Provincias Unidas. Aunque algunos de sus integrantes acompañan la convocatoria, no está garantizado que todo el interbloque se siente en sus bancas. Entre las presencias que aparecen como más firmes están los cinco radicales críticos y Lourdes Arrieta, Esteban Paulón y Juan Brügge. El resto de los legisladores todavía discute qué postura adoptar.
La oposición también mira hacia Argentina Federal, el bloque que responde principalmente a los gobernadores de Misiones y Salta, y al MID. Esos votos podrían ser decisivos, sobre todo por el debate vinculado con la emergencia en discapacidad. Los misioneros Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa y Yamila Ruiz están a favor de dar quórum el 15. Los motiva no solo la derogación del DNU 70/23, sino también los otros dos temas que incluye la convocatoria: la emergencia en discapacidad y el desendeudamiento de las familias. Igual, esperarán a hablar con el gobernador Hugo Passalacqua. Los salteños de Argentina Federal, Bernardo Biella, Yolanda Vega y Pablo Outes, son más cautos y esperarán el regreso de su gobernador, Gustavo Sáenz, que está de viaje en Francia junto a Milei.
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