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El informe anual del Proyecto Mirar muestra que la tasa de abortos ante la Ley 27.610 se mantiene estable en 7,45 por cada 1,000 mujeres, pero la cobertura anticonceptiva ha caído en 2026, lo que implica potenciales aumentos de embarazos no intencionales y mortalidad materna, mientras que la justicia respalda la ley ante desafíos restrictivos.
En casi seis años desde la promulgación de la Ley 27.610, que garantiza la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) en Argentina, el acceso a este servicio se mantiene estable en términos de volumen de atenciones.
Datos 2024 del Proyecto Mirar
El último informe anual del Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, revela que en el año 2024 se contabilizaron 87.603 abortos atendidos dentro del sector público de salud en 20 provincias. La tasa nacional se sitúa en 7,45 abortos por cada 1,000 mujeres en edad fértil, apenas 0,04 puntos porcentuales por debajo del dato de 2023 (7,49).
La red pública de acceso, representada por los efectores que ofrecen el servicio, también se mantuvo sin cambios significativos: el número de establecimientos ha fluctuado de 1,862 en 2023 a 1,846 en 2024, lo que indica una estabilidad en la disponibilidad de la práctica quirúrgica y farmacológica. Un 72 % de las intervenciones se concentran en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, lo que refleja la carga concentrada en las áreas con mayor densidad poblacional y recursos sanitarios.
Entre las 11 jurisdicciones informantes, el 90 % de las prácticas se resolvieron dentro de las primeras 12 semanas de gestación, en establecimientos de primer nivel de atención primaria que emplean mayoritariamente tratamientos farmacológicos, lo que reforzará la evidencia de que el acceso a la interrupción temprana sigue siendo un componente clave de la política pública. El informe también se adentra en la cobertura de anticoncepción pública, señalando un alarmante descenso del 93 % entre 2024 y 2026.
Descenso de la cobertura de anticoncepción
En 2024, 1,2 millones de mujeres contaban con insumos nacionales de protección anticonceptiva. Si el déficit continúa, solo 63.000 mujeres estarían protegidas en 2026, lo que implicaría la pérdida de 840.000 mujeres de la cobertura y una estimación de 240.000 embarazos no intencionales adicionales, 112.000 abortos que podrían haberse evitado y 452 muertes maternas y 2.600 neonatales preventables, según las proyecciones del Impact Calculator del Guttmacher Institute.
En respuesta a la retirada de los suministros nacionales, trece provincias lograron mantener el acceso con presupuestos propios, adquiriendo misoprostol y tratamientos combinados con mifepristona, así como dispositivos para aspiración manual endouterina. En cuanto a la accesibilidad y la información, nueve de las 16 provincias informaron cumplimiento de las garantías de provisión dentro de los diez días estipulados, y seis disponen de líneas telefónicas gratuitas, WhatsApp o correos electrónicos dedicados a consultas sobre la IVE/ILE.
En 2025, el 94 % de las llamadas a la línea gratuita 0800-SaludSexual fueron concernientes a consultas sobre IVE/ILE, la mayoría reportando barreras de acceso, y se resalta la ausencia de cifras actualizadas sobre mortalidad materna, indicador esencial para evaluar la seguridad de las interrupciones. Desde el punto de vista jurídico, la ley 27.610 ha resistido sin modificaciones.
Demanda judicial contra la ley 27.610
De 38 demandas presentadas contra la Ley desde su promulgar, 35 fueron rechazadas y solo tres continúan en curso ante la Corte Suprema. Los tribunales han reafirmado la constitucionalidad de la ley y han rechazado la mayoría de los intentos de limitarla. La amplia mayoría de las iniciativas legislativas han buscado proteger o ampliar derechos reproductivos; los intentos de restringir la aplicación de la ley, en la pequeña minoría, no lograron avanzar.
El análisis de Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes, concluye que aunque el reto de sostener la política pública es alto, los resultados positivos y la fortaleza de la justicia como mecanismo de protección de derechos demostraron la eficacia de la legislación y la resiliencia del sistema frente a intentos restrictivos. Con cifras que crean una imagen de estabilidad, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba continúan como núcleos esenciales de la prestación del servicio, mientras que la cobertura de anticoncepción pública y la disponibilidad de recursos sanitarios siguen siendo áreas críticas que requieren atención adicional para evitar un retroceso en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres a nivel nacional.
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