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Tras años de pasividad frente al aumento de los precios, el rechazo parlamentario a sus decretos abre la puerta a un urgente adelanto electoral
Desde Madrid La tarde madrileña se volvió amarga para el Palacio de la Moncloa en una jornada donde la aritmética parlamentaria dictó sentencia implacable. En una votación por llamamiento público donde cada diputado debió ponerse de pie y expresar su voto a viva voz, el Congreso de los Diputados tumbó los dos reales decretos leyes sobre vivienda promovidos por el Gobierno español.
La suma opositora de la derecha tradicional del Partido Popular , la extrema derecha de Vox y el centroderecha independentista catalán de Junts per Catalunya alcanzó 178 votos contra los 172 del bloque gubernamental y sus aliados. El resultado no solo dejó derogadas en cuestión de horas unas medidas destinadas a prorrogar contratos de alquiler y frenar la entrada de fondos buitre en el mercado inmobiliario, sino que dejó al desnudo la extrema fragilidad de una legislatura que agoniza.
El desenlace en el Congreso español evidencia los límites de la frágil alianza con la que Sánchez se ha mantenido en el poder desde 2023, pero le abre al mismo tiempo una oportunidad electoral. El disparador de esta crisis no fue una especulación teórica sobre el mercado inmobiliario, sino una tragedia con rostro humano que conmovió a la opinión pública local.
El desgarrador desahucio de Mari Carmen Abascal, una anciana de 87 años expulsada de su hogar, encendió la indignación popular y ocupó el centro de la agenda mediática y política española. La conmoción social empujó al Ejecutivo a reaccionar a toda prisa.
Sin embargo, detrás del apuro de última hora se esconde un problema de largo recorrido. A lo largo de casi ocho años al frente del Ejecutivo español, la administración de Pedro Sánchez navegó con un perfil marcadamente conservador en materia habitacional.
Pese a los constantes reclamos de los movimientos sociales, del Sindicato de Inquilinas y de las organizaciones de base, el acceso a la vivienda digna se transformó durante este período en una emergencia cotidiana para millones de familias, trabajadores golpeados por la inflación y jóvenes imposibilitados de emanciparse debido a precios de alquiler desorbitados. La repentina urgencia por llevar este paquete legislativo al Parlamento sonó a maniobra de cálculo político más que a una convicción de reforma profunda.
Acosado por sondeos de opinión adversos y debilitado por constantes sospechas de corrupción que salpican al entorno oficialista, sumadas a la severa crisis fronteriza e institucional atravesada recientemente en el enclave norteafricano de Ceuta, el oficialismo buscó una bandera social con la cual rearmar sus filas. El objetivo implícito era forzar una polarización ideológica que permitiera reagrupar y movilizar a una base electoral de izquierda desencantada. Durante el debate, la retórica gubernamental buscó interpelar al sentido de urgencia social.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, intentó seducir infructuosamente a las bancadas conservadoras y catalanas invocando las concesiones hechas a los propietarios. Por su parte, el propio presidente Sánchez decidió subir de forma sorpresiva a la tribuna instantes antes de la votación para lanzar una advertencia de tono preelectoral: “La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan”, exclamó dirigiéndose a la oposición.
Sin embargo, el bloque de Junts, encabezado parlamentariamente por Míriam Nogueras, mantuvo su negativa inflexible. Nogueras denunció desde la tribuna que la iniciativa no detenía el avance de los fondos de inversión especulativos ni solucionaba la vulnerabilidad de los inquilinos, cargando además la protección social sobre los pequeños propietarios.
Desde los sectores más críticos de la izquierda y del propio entorno socialista, el dictamen fue tajante: no se puede construir una política habitacional seria improvisando parches legislativos en el último minuto para responder a la presión mediática. La caída de los decretos despeja el camino para una decisión institucional de envergadura. Dentro del propio Partido Socialista y en las dependencias de la Moncloa ya se admite abiertamente que la continuidad del mandato parlamentario se ha vuelto insostenible.
Diversos analistas y fuentes del propio gabinete sugieren que la pérdida del control legislativo le otorga a Sánchez la excusa perfecta para apretar el botón de la disolución de las Cortes. En el tablero estratégico del oficialismo, ir a las urnas de inmediato bajo el lema de la defensa de la vivienda frente al bloqueo de las derechas ofrece una narrativa de confrontación deseable para esquivar el desgaste por la corrupción y la torpeza en el manejo de la grave crisis de Ceuta.
Si Sánchez decide decretar la disolución parlamentaria a comienzos de la próxima semana, la ciudadanía española podría ser convocada a las urnas hacia finales de noviembre. La batalla por el relato ya comenzó, pero la crisis social de la vivienda sigue esperando respuestas concretas.
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