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El diputado nacional Agustín Rossi presentó un proyecto de ley para derogar el régimen de ciudadanía por inversión y establecer que ningún pago, inversión, donación o adquisición de bienes pueda reemplazar el requisito de residencia previsto por la Constitución Nacional. La iniciativa también prohíbe emitir títulos de deuda pública que otorgen derecho a solicitar la ciudadanía o beneficios migratorios. El proyecto fue presentado luego del anuncio de un programa governments que permite obtener la ciudadanía mediante aportes de 350 mil dólares o la suscripción de títulos públicos por 800 mil dólares.
El diputado nacional Agustín Rossi presentó un proyecto de ley para prohibir el otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a cambio de pagos, inversiones, aportes, donaciones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados .
La iniciativa busca derogar el régimen de “ciudadanía por inversión” incorporado a la Ley de Ciudadanía N° 346 mediante el DNU 366/2025 y establece expresamente que ninguna contraprestación económica podrá reemplazar el requisito de residencia previsto por la Constitución Nacional. El proyecto fue presentado luego de que el Gobierno nacional anunciara, este viernes, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, un programa que contempla el acceso a la ciudadanía mediante un aporte directo y no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o a través de la suscripción de un título público por 800 mil dólares .
También se anunciaron montos adicionales para cónyuges e hijos.
“La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley. Ser argentino es pertenecer a una comunidad social, cultural y política, no adquirir un producto. La ciudadanía es un vínculo, no un servicio” , sostiene Rossi en los fundamentos de la iniciativa, acompañada con la firma de la diputada nacional Kelly Olmos.
La propuesta también prohíbe la emisión de títulos de deuda pública que otorguen a sus compradores el derecho a solicitar la ciudadanía o beneficios migratorios y establece que el Estado no podrá contratar o asociarse con empresas o consultoras para promover o gestionar programas de ciudadanía a cambio de contraprestaciones económicas. Entre los argumentos del proyecto se cuestiona además la constitucionalidad del mecanismo establecido mediante el DNU 366/2025.
Los fundamentos señalan que la Constitución atribuye al Congreso la facultad de legislar sobre naturalización y nacionalidad y mencionan pronunciamientos judiciales que declararon inválidas disposiciones del decreto. La iniciativa advierte también sobre los riesgos internacionales de los programas de ciudadanía por inversión y plantea posibles consecuencias sobre el valor y reconocimiento del pasaporte argentino , así como mayores controles migratorios y financieros.
Además, Rossi vinculó el anuncio del Gobierno con el debate sobre la extranjerización de tierras y advirtió que una ciudadanía obtenida mediante una contraprestación económica podría convertirse en una vía para eludir las restricciones que alcanzan a extranjeros para adquirir tierras , incluso en zonas de frontera.
“La Argentina necesita inversiones, pero inversiones que se queden, generen empleo y paguen impuestos. El Congreso tiene la competencia exclusiva sobre la naturalización . Es su responsabilidad decir con claridad que la ciudadanía argentina no está en venta”, resume el proyecto.
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