El gobierno porteño desarticuló un centro de acopio y distribución clandestina de materiales que abastecía a construcciones
El Gobierno porteño clausuró un corralón ilegal que operaba de manera clandestina en el interior de la Villa 31. El operativo, ejecutado de forma conjunta por la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control , culminó con la detención de cuatro personas.
Según un comunicado de GCBA, el establecimiento funcionaba como un centro logístico nocturno para el fraccionamiento de ladrillos, hierro y arena y otros insumos, actividades prohibidas por la Ley 6.129 de urbanización, que busca frenar la expansión estructural de riesgo en la zona. Tras el operativo, la Policía de la Ciudad imputó a una persona por violación de clausura, acusada de violentar el portón de acceso soldado del corralón e intentado retirar materiales, y a otras tres bajo el mismo cargo sumado al de resistencia de la autoridad.
Este cierre de corralón es el quinto en el último tiempo, como parte del plan de ordenamiento que impulsa el gobierno porteño en todos los barrios de la Ciudad. En las últimas semanas, según precisaron desde GCBA, se realizaron en las últimas semanas operativos de saturación para reforzar la seguridad, se montaron retenes policiales y se peatonalizaron calles para evitar que sigan entrando materiales de construcción.
“Estaban acostumbrados a hacer cualquier cosa pero se terminó. Por si no les quedó claro, los corralones que venden materiales para que crezca la Villa 31 no van más. Ley y orden”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri en X. Y añadió: “No vamos a permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. Queremos que haya reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida.
La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”. El proceso de urbanización en el Barrio 31, diseñado originalmente en 2016, no logró contener el crecimiento informal ni alcanzar el ordenamiento territorial previsto por la Ley 6.129. Actualmente, unas 45 mil personas viven en condiciones muy precarias en un predio de 72 hectáreas ubicado frente al barrio de Retiro.
Ante este escenario, el Gobierno de la Ciudad decidió avanzar con medidas directas para regularizar la situación como el desmantelamiento de la feria ilegal de la calle Perette, señalada como un punto de comercialización de objetos robados. Este operativo marcó el inicio de una serie de intervenciones para recuperar el espacio público: se despejaron veredas tapadas por chatarra y que eran usadas como depósitos improvisados por cartoneros o como patios de las casas; además, se derribó un búnker narco, se removió un lavadero de autos que obstruía la calle sobre un sector peatonal y fue desalojada una gomería montada en un micro en desuso en plena vereda.
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